"Para la infancia, la vivienda es el requisito previo para poder desarrollar sus derechos"

La vivienda es la principal preocupación social en España. La escasez de la misma a precios asequibles, el encarecimiento de los alquileres y los desahucios han impulsado movilizaciones que reclaman medidas públicas más ambiciosas y el reconocimiento efectivo de que todos y todas tenemos derecho a una vivienda digna. En el debate, sin embargo, hay una realidad que a menudo queda en segundo plano: la de los niños, niñas y adolescentes.  

Abordar la vivienda desde una perspectiva de infancia implica dejar de verla únicamente como un bien de mercado o un problema de acceso y entenderla como una condición indispensable para ejercer otros derechos.

Hablamos de todo ello con Clara Martínez, patrona de nuestra ONG Educo, profesora universitaria y doctora en Derecho, quien, además, trabajó en el diseño de las bases técnicas de la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).  
 

Cuando hablamos de crisis de la vivienda pensamos en precios, en alquileres, pero no pensamos lo importante que es para un niño o niña... 

Este tema se plantea como una cuestión de necesidad, pero es un tema de derechos. No tener una vivienda adecuada supone una vulneración de muchos derechos de niños y niñas, como el derecho a una vida digna o, a salud, a educación, a intimidad, al juego, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, a recibir un buen trato y a participar. Se vulnera por tanto su propio derecho al desarrollo, que es un derecho absolutamente fundamental: a su desarrollo integral, emocional y social. Sin un techo en condiciones es imposible que un niño o una niña crezca con la tranquilidad y las condiciones emocionales mínimas necesarias para obtener las etapas evolutivas necesarias.  

¿Puedes darnos algún ejemplo? 

Pensemos en algún niño o niña que viva en la Cañada Real, sin luz desde hace 5 o 6 años. No me puedo imaginar cómo hace los deberes, cómo mantiene su higiene, cómo se calienta cuando hace frío, cómo cocinan y cómo comen...  y todo esto se va acumulando.  

Y hacinados y sin intimidad... 

Sí, muchas veces muchos niños y niñas viven con otras familias; comparten el baño, la cocina... Se crean entornos en los que hay más tensión, no digo ya violencia, pero sí situaciones que no son de normalidad. Y a partir de ahí, todo se compromete. No tienen un lugar tranquilo para estudiar, para tener intimidad, tampoco pueden, por ejemplo, invitar a los amigos a casa a pasar la tarde… su socialización también se ve afectada.  

¿Sin un lugar tranquilo para estudiar se incumple el derecho a la educación? 

Claro, es que el derecho a la educación no es solamente el derecho a ir al cole. Sin un lugar cómodo, adecuado y seguro para estudiar el derecho a la educación no está garantizado. Porque este abarca muchísimas otras dimensiones que tienen que ver con la propia experiencia vital del niño y la niña. Tú no te educas solamente en la escuela. Ahí recibirás educación reglada, obligatoria, entre los 6 y los 16 años. Pero hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con la educación que, viviendo en situaciones de carencia e incertidumbre, se ven impedidas.

Por supuesto, no poder cumplir con las tareas educativas: no poder hacer los deberes, y probablemente no contar con los medios necesarios para realizarlos. Pero también llegar cansado, o tener mil cosas en la cabeza y no poder poner el foco en tu educación. Porque igual estás pendiente del miedo que pasa tu madre o tu padre. De alguna manera, hay una especie de maltrato, de inquietud institucional que es básica para que un niño o niña se pueda desarrollar con un mínimo de normalidad. Esa normalidad la necesitamos todos, pero los niños mucho más. 

¿Por qué deberíamos hablar de vivienda como una cuestión de derechos de la infancia y no solo como un problema económico de las familias? 

No poder disfrutar de una vivienda digna impide que los niños y las niñas puedan desarrollarse como personas. No es solo que no tengan un futuro, es que no tienen presente, porque no pueden vivir como niños en ninguna de sus dimensiones. Ni en la educativa, ni en la del juego, ni en la deportiva, ni en la relacional, ni en la intelectual, en ninguna de ellas.

Esto no es un tema de cobertura de necesidades, es un tema de derechos. Lo vemos con la mirada adulta, como pasa con la conciliación de la vida familiar y laboral, que lo vemos como una conquista social, de trabajadores y trabajadoras. Y ahora con esto, como si fuera una lucha de inquilinos e inquilinas. Puede que lo sea, claro, pero se nos olvida que es un tema de derechos del niño y de la niña. Si hablamos de conciliación familiar, pues el niño o niña tiene derecho a no ser separado de sus padres. Con la vivienda, lo mismo: tienes derecho a un nivel de vida digno.  

¿Qué representa un hogar en la vida de un niño o una niña más allá de cubrir necesidades básicas? 

Imagina lo que puede ser para un adolescente. Si ya vive una etapa vital complicada, súmale estar hacinado. O un bebé de meses, o hasta 3 años, que necesita espacio para desarrollarse. La vivienda para los niños es mucho más que la cobertura de sus necesidades vitales básicas es el elemento imprescindible y el requisito previo que necesitan para poder desarrollar sus derechos y alcanzar su pleno potencial como personas. No es meramente un techo y una cama, eso es asistencialismo. 

¿Qué está fallando para que las políticas de vivienda incorporen la perspectiva de la infancia? 

El modelo, porque, aunque la Constitución habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna, no es un derecho en sentido pleno. Nadie puede acudir a exigir directamente una vivienda digna. Se trata de un principio rector de la política social y económica y como tal marca la pauta y el camino que deberían seguir todos los poderes públicos. Por ejemplo, el poder legislativo, que debería aprobar leyes en esa dirección. No necesariamente leyes que garanticen una vivienda a cada persona, aunque ojalá se llegue a ello, pero sí normas que avancen hacia ese objetivo. Si hablamos de las administraciones públicas, deberían hacer políticas que aplicasen esas leyes e hicieran posible el disfrute efectivo de una vivienda digna. 

Además, es fundamental incorporar la perspectiva de la infancia, algo que hoy prácticamente no se hace. Los niños y las niñas siguen siendo un colectivo muy invisibilizado y, en el mejor de los casos, se les considera un apéndice de sus padres o progenitores. No se les reconoce como personas con un presente propio, con necesidades y derechos que deben ser atendidos ahora, además de proteger su futuro. 

¿Prima el mercado sobre la infancia? 

Absolutamente. Entre los criterios que deberían tener en cuenta los poderes públicos tendría que estar la mirada específica hacia la infancia. Sin embargo, la vivienda se concibe como un mercado, absolutamente regido por las normas de la oferta y la demanda. Hemos desatendido criterios sociales como el de la presencia de determinadas personas cuyos derechos merecen una protección especial. Por ejemplo, los niños y las niñas, pero también personas con discapacidad, claro.  

¿Y no hay nada que se pueda hacer para que la infancia no salga tan perjudicada?  

Habría que compensar los efectos negativos que puede tener una medida sobre la infancia. Para eso sirven las evaluaciones de impacto, pero la realidad es que muchas veces no se hacen. Cuando se aprueba una ley sobre vivienda o sobre el uso del suelo, la pregunta debería ser: ¿se ha evaluado, como exige la normativa para las disposiciones de carácter general, qué impacto va a tener en los derechos de la infancia y la adolescencia? Si las evaluaciones se hicieran, probablemente afloraría que determinadas medidas pueden tener consecuencias negativas para niños, niñas y adolescentes. Que una política tenga algún efecto negativo puede ser legítimo dentro de un sistema democrático, pero precisamente por eso deberían establecerse medidas correctoras. 

¿Qué correcciones podrían hacerse? 

Pues, por ejemplo, contemplar soluciones habitacionales alternativas para las familias que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad. Es inaceptable que cuando hablamos de derechos y libertades recogidos en el Título I de la Constitución, terminemos dejando su garantía exclusivamente en manos del mercado. 

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