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El alcance de la violencia contra la infancia, un fenómeno ignorado

03 DICIEMBRE,2018

No existen cifras oficiales que reflejen con exactitud el número de niñas, niños y adolescentes que padecen violencia. Lo que parece evidente es que conocer el alcance de esta lacra es imprescindible para tomar las medidas necesarias para prevenirla y reducirla lo máximo posible.

El bajo número de denuncias realizadas indica, entre otras cosas, cuan instaurada está la cultura del silencio en nuestra sociedad. Silencio provocado, en primer lugar, por la escasez de herramientas con las que cuenta la infancia para prevenir, detectar y denunciar las posibles situaciones de violencia a las que puede estar expuesta.

Por otro lado, queda aún mucho que avanzar como sociedad para entender y asumir nuestra responsabilidad en la protección de las niñas y niños. Es necesario romper con la idea preconcebida de que la infancia es responsabilidad única de sus madres, padres o tutores para llegar a asimilar que toda la ciudadanía tiene la obligación de protegerla.

Si conseguimos avanzar en estos puntos habremos dado un gran paso hacia un mejor conocimiento del alcance de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, y la protección de estos, pero no el definitivo. Es necesario, además, una mayor voluntad política, un mayor compromiso que se traduzca en una mayor inversión y coordinación de las administraciones con responsabilidades hacia la infancia.

El informe “Los costes de la violencia contra la infancia. Impacto económico y social” realizado por Educo y la Cátedra Santander de Derecho y Menores trata de arrojar luz a lo que, tanto a nivel social como económico, suponen las agresiones a niñas, niños y adolescentes.

Un niño expuesto a violencia a lo largo de su infancia puede llegar a padecer distintas secuelas que marcarán su vida para siempre. No todos experimentarán las mismas consecuencias, pero sí serán más susceptibles de ver dañada su salud física, su salud psicológica e incluso su comportamiento a nivel social o su desarrollo cognitivo.

Además, estas consecuencias traen aparejado el consiguiente impacto económico en un país que se traduce en el incremento del gasto público (mayor gasto sanitario, educativo, judicial o en servicios sociales) y la pérdida de valor social (menor desarrollo, reducción de la productividad, reducción del crecimiento, pobre inserción sociolaboral,…)

Desde Educo y Cátedra Santander planteamos en este informe un acercamiento al coste que esto supone. Partiendo da la cifra aportada por el Anuario de la Criminalidad que sostiene que 3.919 niñas, niños y adolescentes denunciaron ser víctimas de violencia o abuso sexual a lo largo del año 2015. Se presenta esta cifra como la oficial y, en base a la Campaña “1 de cada 5” del Consejo de Europa que mantiene que uno de cada cinco niños ha sufrido violencia sexual durante su infancia, se alcanza a presentar este dato como la punta del iceberg de una problemática mucho mayor que alcanzaría los 97.415 niñas y niños víctimas.
Visitas a urgencias derivadas de una situación de abuso sexual, atención primaria, intervenciones de servicios sociales, investigación policial, proceso judicial, pena impuesta, sistema de protección, repetición escolar o necesidades especiales son solo algunos de los costes que pueden provocar las situaciones de violencia contra la infancia.

Llegar a la cuantificación precisa de estos costes es, actualmente, una tarea impracticable. Múltiples son las trabas con las que nos encontramos para reflejar con rigurosidad el coste real de toda esa violencia que no vemos y que está sufriendo nuestra infancia. A pesar de esta lamentable falta de información relativa a muchos de los costes asociados, el informe “Los costes de la violencia contra la infancia. Impacto económico y social” hace una aproximación, a la baja, de este gasto que supondría al estado 979 millones de euros. Cifra nada despreciable que arroja luz a lo que sería el coste real si pudiésemos hacer un calculo riguroso para cada uno de los sectores involucrados en la protección de la infancia.

Una mayor predisposición de los poderes públicos que suministrara a la infancia, a la sociedad y a las administraciones mayores y mejores herramientas para la correcta cuantificación de la violencia hacia a la infancia nos facilitaría un mejor conocimiento de su alcance y, en consecuencia, nos permitiría poder invertir en la prevención necesaria para evitar estas situaciones.

La infancia es una etapa delicada y crucial en la vida de las personas. Todo lo que vivimos como niños, nos marcará para siempre y condicionará al yo adulto que llegaremos a ser. Es fundamental, pues, prestar especial cuidado a este periodo y tratar de prevenir males que con el tiempo pueden ser de difícil solución y causar daños irreparables en una persona, en una familia y en un país.

En este sentido, la articulación de una Ley Integral frente a la Violencia contra la Infancia y Adolescencia es fundamental. Esta tan reclamada Ley nos permitiría tomar las medidas necesarias para conocer la magnitud real de esta problemática y, en consecuencia, dar respuesta a ella.
 

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