Familias y personal educativo reconocen falta de preparación para responder ante casos de violencia en la etapa 0-3

En medio de la apertura de los plazos de preinscripción en las escuelas infantiles, desde nuestra ONG Educo queremos alertar de que el sistema no está suficientemente preparado para proteger bien a los niños y niñas de 0 a 3 años, una etapa fundamental y decisiva para lograr un bienestar duradero. Las habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida se basan en capacidades básicas adquiridas en la primera infancia.  

Nuestro nuevo informe Crecer en entornos seguros, en el que analizamos la protección en entornos socioeducativos durante esta primera etapa, revela que, de entre las y los 50 profesionales de primera infancia encuestados, el 63 % considera que la formación para identificar señales de desprotección o violencia en los niños y niñas más pequeños es insuficiente, y un 34 % desconoce la LOPIVI, la ley que regula la protección frente a la violencia hacia la infancia y adolescencia en España.



“En 0–3, la observación adulta es casi la única vía para saber que algo no va bien. Pedimos a las y los profesionales que detecten señales muy sutiles sin ofrecerles formación específica ni protocolos adaptados a bebés y niñas y niños de estas edades”, dice Helena Juanes, autora del informe y especialista en Primera Infancia de nuestra ONG Educo, que lleva años acompañando a centros educativos y entidades que trabajan con infancia para prevenir y responder ante cualquier tipo de violencia. 

A esta falta de preparación se suma la baja implantación del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en las escuelas infantiles, una figura que debería ser clave ya que su función es prevenir y responder ante cualquier riesgo. “Aunque la ley orgánica establece su obligatoriedad, las normativas autonómicas no desarrollan esta figura de manera explícita para la etapa de 0 a 3 años y, en muchos casos, tampoco mencionan su aplicación en centros de titularidad privada, que representan una parte muy significativa de este tramo educativo”, explica Juanes. 

Las familias con hijos e hijas en esta etapa de 0-3 tampoco disponen de herramientas suficientes. Entre las 600 familias encuestadas, el 76 % dice haber recibido poca o ninguna información sobre qué hacer o a quién acudir si sospecha que un niño o niña de su entorno podría estar en riesgo. Además, casi la mitad no ha oído hablar de la LOPIVI. Entre las familias, el desconocimiento del coordinador de bienestar también es mayoritario: apenas un 16 % sabe bien qué es o para qué sirve.  

“Cuando una familia siente que algo no va bien, debería tener claro qué hacer y a quién acudir. El miedo a equivocarse o la falta de información no pueden frenar una alerta que puede proteger a un bebé, porque además sabemos que las experiencias adversas durante la primera infancia pueden generar daños irreversibles y sus consecuencias duran toda la vida. Hablamos de dificultades en el aprendizaje, de problemas de salud crónicos, de trastornos psicológicos, de dificultades de socialización e incluso de transmisión intergeneracional de la violencia”, dice Juanes. 

Uno de cada siete casos 

Para poder poner en marcha políticas y medidas que acaben con la violencia hacia la infancia, es muy importante tener datos fiables y completos sobre esta realidad. A día de hoy, España cuenta con el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), herramienta oficial del Gobierno central. Es la única fuente estatal que recoge y desagrega estas notificaciones, incluida la franja 0–3, pero es un sistema incompleto porque no todas las comunidades lo utilizan por igual ni registran todos los casos, de modo que ofrece solo una parte de la realidad.

A pesar de estas carencias, el RUMI recoge datos a tener en cuenta: el 14,5 % de todas las notificaciones de sospecha de maltrato infantil corresponden a niños y niñas de 0 a 3 años, lo que equivale a uno de cada siete casos. Es importante matizar que estos datos no reflejan una prevalencia real, ya que están condicionados por la sensibilización, detección y uso del sistema de registro en cada territorio. "Necesitamos una imagen completa y fiable de lo que ocurre en esta etapa para poder diseñar políticas públicas efectivas”, explica Juanes. 

Mirada especializada 

Desde nuestra ONG Educo recordamos que la etapa 0–3 exige una mirada especializada. Porque cuando hablamos de bebés o niñas y niños tan pequeños, los signos de alarma son sutiles. Si las personas cuidadoras no reciben formación específica, la violencia puede pasar totalmente inadvertida. Y un bebé no puede contarlo.

Por eso, entre nuestras recomendaciones, pedimos:

• Reconocer la etapa 0–3 como tramo con características diferenciadas en la legislación y normativa que afecta a su protección.
   

• Adaptar los protocolos de protección a las necesidades reales de estas edades.




• Garantizar formación básica y continua para los equipos profesionales.
   

• Reducir ratios en escuelas infantiles para mejorar la observación y la atención individualizada.
   

• Mejorar la comunicación entre centros y familias, dar un mayor apoyo a las familias para el ejercicio de una crianza positiva.
   

• Asegurar un sistema homogéneo de datos a nivel nacional. 

Consideramos urgente impulsar un plan estatal integral para la primera infancia orientado a la igualdad de oportunidades desde los primeros años que garantice, entre otras medidas, el acceso universal y gratuito a la educación y el cuidado de 0 a 3 años y la mejora de la coordinación entre las escuelas infantiles, los servicios pediátricos y de atención temprana y los servicios sociales. 

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