El mundo se enfrenta a un escenario cada vez más hostil, y en España los efectos empiezan a ser evidentes. Estamos hablando del cambio climático. Las olas de calor, los incendios, las inundaciones y otros riesgos naturales o provocados amenazan no solo nuestra vida cotidiana, también derechos fundamentales como la educación.
Según el Índice de Riesgo Climático elaborado por GermanWatch, España ocupa el octavo lugar mundial en número de muertes y daños por fenómenos meteorológicos extremos entre 2013 y 2022. En ese periodo, las olas de calor provocaron más de 27.000 muertes y pérdidas económicas superiores a los 25.000 millones de euros.
Cuando las catástrofes golpean, las escuelas también se ven perjudicadas. La DANA de 2024 que asoló a la Comunidad Valenciana lo puso en evidencia: 115 centros educativos quedaron afectados y más de 50.000 niños y niñas vieron interrumpido su derecho a aprender. Hoy, ocho de esas escuelas deben reconstruirse por completo, y su alumnado ha comenzado el curso en barracones.
Los niños y niñas son quienes más sufren estas crisis. Los menores de 4 años, y especialmente los bebés, tienen menos capacidad para regular su temperatura corporal, lo que los hace extremadamente vulnerables a las olas de calor. En 2023, España registró 8.352 muertes relacionadas con temperaturas extremas, convirtiéndose en el segundo país europeo con mayor mortalidad atribuible al calor (ISGlobal, Nature Medicine).
Miles de edificios escolares carecen de infraestructuras adaptadas para soportar las altas temperaturas. Muchos de ellos fueron construidos hace décadas, sin ventilación ni sistemas de climatización adecuados. Cada año muchas escuelas tienen que cancelar las clases por altas temperaturas. Pero la amenaza no se limita al calor. Más de 985 centros educativos se encuentran en zonas inundables.
La buena noticia es que existen marcos internacionales que ayudan a transformar los centros educativos en espacios seguros y resilientes. El Marco Integral de Seguridad Escolar, impulsado por la Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Resiliencia en el Sector Educativo (GADRRRES), ofrece una hoja de ruta clara: infraestructuras seguras, planes de continuidad educativa y formación en resiliencia para alumnado y profesorado.
Países como Italia o Finlandia ya se han adherido. España, sin embargo, todavía no ha dado este paso. Esto significa que, a pesar de ser uno de los países europeos más expuestos a riesgos climáticos y naturales, seguimos sin una estrategia nacional que garantice que las escuelas protegen a su alumnado ante catástrofes.
En Educo creemos que educar cura. Trabajamos en más de 14 países para que la educación no se detenga nunca, ni en emergencias ni en crisis. La escuela debe ser un refugio seguro, un espacio que garantice no solo el aprendizaje, también la protección de los derechos de la infancia.
Por eso impulsamos la campaña Escuelas Seguras. Queremos que España se adhiera al Marco Integral de Seguridad Escolar y que el Gobierno, junto a las comunidades autónomas, diseñe planes de acción reales, con la participación activa de alumnos y alumnas. No basta con medidas puntuales: necesitamos una estrategia nacional que blinde el derecho a la educación frente a cualquier riesgo.
La infancia no puede esperar. Convertir las escuelas en espacios seguros salva vidas hoy y asegura oportunidades de futuro mañana. En Educo defendemos que la educación no debe detenerse nunca, pase lo que pase.
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Porque una escuela segura no es un privilegio, es un derecho.
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