Encender la calefacción en invierno o el ventilador en verano parece un gesto cotidiano. Para miles de familias, no lo es. La pobreza energética obliga a elegir entre pagar la luz o llenar la nevera.
En un contexto de subida de precios y crisis climática, este problema crece en Europa y también en España. No hablamos solo de facturas. Hablamos de salud, de educación y de derechos que afecta a los más pequeños especialmente.
La pobreza energética describe la situación de un hogar que no puede acceder a servicios energéticos básicos —calefacción, refrigeración, iluminación o agua caliente— a un coste asumible. La Comisión Europea la vincula a bajos ingresos, viviendas ineficientes y precios elevados de la energía.
Es una forma de pobreza estructural. Afecta a la calidad de vida y limita oportunidades.
La pobreza energética no tiene una sola causa. Suele surgir de la combinación de varios factores:
1. La vivienda: España cuenta con un parque inmobiliario envejecido. Muchas casas presentan aislamiento deficiente, humedades o sistemas de calefacción antiguos. Eso dispara el consumo.
2. Los ingresos: El empleo precario o el desempleo impiden asumir facturas cada vez más altas.
3. El clima: Las olas de frío y de calor se intensifican. Mantener una temperatura segura exige más gasto.
4. Las tarifas energéticas: La volatilidad del mercado eléctrico impacta con más fuerza en los hogares con menos margen económico.
Conviene distinguir entre estos dos conceptos. La pobreza energética, por un lado, implica una situación consolidada: el hogar ya no puede cubrir sus necesidades energéticas básicas. La vulnerabilidad energética, por el contrario, describe el riesgo de llegar a ese punto ante una subida de precios o una pérdida de ingresos. Muchas familias viven en ese equilibrio frágil.
No existe un único indicador. Las instituciones combinan varios criterios para identificarla.
Eurostat analiza, entre otros datos, el porcentaje de población que no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada. En 2023, el 10,6 % de la población de la Unión Europea declaró no poder calentar su vivienda lo suficiente en invierno.
También se observan retrasos en el pago de facturas y el peso del gasto energético sobre los ingresos familiares.
Un criterio habitual considera pobreza energética cuando un hogar destina más del 10 % de sus ingresos a energía. Otros métodos comparan el gasto real con el necesario para garantizar condiciones térmicas saludables, según recomendaciones de la OMS.
En España, el problema combina salarios bajos, vivienda antigua y alta dependencia energética. Según el informe Pobreza Energética en España 2023 de la Asociación de Ciencias Ambientales, el 17,1 % de los hogares sufrió pobreza energética en 2022.
Las familias monoparentales, los hogares con menores de edad, las personas mayores que viven solas y quienes se encuentran en desempleo presentan mayor riesgo. La infancia aparece como uno de los colectivos más expuestos.
La pobreza energética no se vive igual en todos los territorios. En zonas rurales, el aislamiento y el uso de combustibles más caros elevan costes. En barrios urbanos vulnerables predominan edificios antiguos con baja eficiencia. La desigualdad territorial amplía la brecha.
Las consecuencias van más allá del confort.
La Organización Mundial de la Salud relaciona las viviendas frías con mayor incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El estrés térmico afecta sobre todo a niños y niñas y personas mayores.
Un niño o niña que estudia con frío o calor extremo no rinde igual. La falta de electricidad limita tareas escolares y acceso digital. La pobreza energética amplía la desigualdad educativa.
Muchas familias reducen el uso de calefacción o se concentran en una sola habitación para ahorrar. Esa estrategia genera aislamiento y ansiedad, y el problema se acaba cronificando.
Frente a esta realidad, existen mecanismos de apoyo.
El Bono Social Eléctrico y el Bono Social Térmico, gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica, ofrecen descuentos y ayudas directas a consumidores vulnerables.
Los fondos europeos Next Generation financian rehabilitación energética y mejora de aislamiento en viviendas.
La solicitud se realiza a través de comercializadoras de referencia o administraciones autonómicas. Es necesario acreditar nivel de renta y situación familiar.
Además de las ayudas públicas, existen medidas prácticas:
Mejorar el aislamiento de ventanas y puertas.
Ajustar el termostato entre 19 y 21 ºC en invierno.
Utilizar iluminación LED.
Revisar la potencia contratada.
Pequeños cambios reducen tanto el consumo como el gasto.
La pobreza energética afecta de forma directa al derecho a la educación. Cuando una familia no puede pagar suministros, el impacto recae en la infancia.
En nuestra ONG Educo trabajamos en 14 países y acompañamos a cerca de un millón de niños y niñas. También en España apoyamos a familias en situación de vulnerabilidad con becas comedor, refuerzo educativo y acompañamiento social.
Nuestro enfoque es integral ya que la educación, la protección y el apoyo familiar forman parte de la misma respuesta. Porque ningún niño o niña debería estudiar con frío. Y ningún derecho debería depender de una factura para poder garantizarse.
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